La Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción (CAN) fue creada mediante Decreto Supremo N.° 016-2010-PCM y reconocida por la Ley N.° 29976, del 4 de enero de 2013. La CAN es un espacio integrado por los poderes del Estado, instituciones públicas, privadas y la sociedad civil, y tiene por objeto articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas de mediano y largo plazo dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país.

Las instituciones participantes tienen calidad de miembros plenos (con voz y voto) y miembros observadores (con voz). La Presidencia es rotativa cada dos años entre los presidentes o titulares de las instituciones que figuran como miembros plenos. Hasta el 30 de mayo del 2017, presidió la CAN el Fiscal de la Nación. Actualmente lo dirige el Presidente del Poder Judicial Dr. Duberlí Rodriguez Tineo. Cuenta con una coordinación general que depende de la PCM.

MIEMBROS PLENOS	MIEMBROS OBSERVADORES
Congreso de la República	Contraloría General de la República
Poder Judicial	Defensoría del Pueblo Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE)
Presidencia del Consejo de Ministros	Asociación de Universidades del Perú
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Proética – Consejo Nacional para la Ética Pública
Ministerio Público	Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
Tribunal Constitucional	Consejo de la Prensa Peruana
Consejo Nacional de la Magistratura	Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)	Cámara de Comercio de Lima
Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE)	Central Autónoma de Trabajadores del Perú
Acuerdo Nacional	Conferencia Episcopal Peruana
	Concilio Nacional Evangélico del Perú (CONEP)
	Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú (UNICEP)

 

Los cinco objetivos estratégicos que propuso la CAN en el Plan Nacional de Lucha contra la corrupción 2012-2016 son los siguientes:

1) articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción;

2) prevención eficaz contra la corrupción;

3) investigación y sanción oportuna y eficaz contra la corrupción en el ámbito administrativo y judicial;

4) promoción y articulación de la participación activa de la ciudadanía, sociedad civil y sector empresarial en la lucha contra la corrupción; y

5) posicionamiento del Perú en espacios internacionales de lucha contra la corrupción.

El Plan Nacional 2012-2016 estableció diversas acciones para prevenir y combatir los actos de corrupción, así como para lograr un Estado eficiente y transparente, con principios éticos y promotor de la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas que permitan fortalecer la institucionalidad de nuestro país.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Estudio de Integridad sobre el Perú, señala la importancia de tener una instancia como la CAN, al más alto nivel institucional, para la coordinación entre las autoridades las políticas y planes de acción en la lucha contra la corrupción. Asimismo, propone un conjunto de recomendaciones para fortalecer esta instancia, para reforzar un sistema de integridad coherente e integral a nivel nacional y regional, para fiscalizar la financiación política, promover la ética pública y la gestión de los conflictos de intereses, el lobby, la protección a denunciantes, el control interno y la labor del sistema de justicia penal para sancionar la corrupción.

La propia CAN ha realizado una evaluación final del Plan y propone una mirada crítica y a la vez propositiva de los avances y los retos pendientes como la consolidación de Plataformas Territoriales Anticorrupción en regiones, provincias y distritos; la necesidad de priorizar el uso de las tecnologías de la información y comunicación para la gestión de archivos y facilitar el acceso a la información; la identificación de los riesgos de corrupción en las licitaciones y concursos públicos. Asimismo, el fortalecimiento de los procedimientos que permitan la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción en los ámbitos administrativo y judicial, entre otras estrategias y acciones.

Tal como lo han señalado el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad y el Estudio de Integridad de la OCDE, es importante evaluar su función principal de coordinación interinstitucional y de plantear los grandes objetivos nacionales de lucha contra la corrupción. Asimismo, se debe fortalecer y mejorar su actual composición y otorgar voto a todos los miembros de la CAN, así como fortalecer su Secretaría Técnica.

Asimismo, están pendientes de cumplimiento las recomendaciones y conclusiones del Informe de seguimiento del Plan de Lucha Anticorrupción 2012-2016, relacionado con la falta de asimilación orgánica de la CAN al organigrama de la PCM. Tal como señala la evaluación: “Es necesario dar una adecuada estructura organizacional a la Coordinación General de la CAN de manera que se le permita cumplir las funciones, contenidas en su Ley de creación y Reglamento, alcanzar los objetivos del PNI, e implementar los Acuerdos de la CAN”. También se debe continuar con una adecuada implementación del Registro de Procedimientos Administrativos Disciplinarios vinculados a corrupción (REPRAC) y los Reportes para hacer un seguimiento de la acción de organismos estatales respecto de la sanción a funcionarios públicos que incurran en faltas y/o delitos.

Instituciones que conforman la CAN

Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción

Funciones y objetivos de la CAN

Informe de seguimiento del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016