Comisión Presidencial de Integridad
Fue creada mediante Resolución Suprema N.° 258-2016-PCM, del 19 de octubre de 2016, por la Presidencia del Consejo de Ministros. La decisión de crear la CPI se produjo días después que se conociera un audio que ponían en evidencia al asesor presidencial, Carlos Moreno, de hacer negocios con recursos del Sistema Integral de Salud (SIS). La CPI, que actuó con autonomía y de manera ad honorem, fue presidida por el ex Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna e integrada por reconocidas personalidades como Elsa Del Castillo, Rectora de la Universidad del Pacífico; el Embajador Allan Wagner, Presidente de la Asociación Civil Transparencia; Jorge Medina, Presidente de Proética; Graciela Fernández Baca, Max Hernández, Santiago Pedraglio y Vidal Pino.
Su objetivo fue proponer, en el plazo de 45 días, medidas concretas para promover la integridad y el respeto a los principios éticos en la función pública, con la finalidad de fomentar la transparencia y prevenir y sancionar la corrupción.
El gran objetivo planteado apuntó a la instauración de la máxima transparencia en el Estado, fortalecer la institucionalidad y el servicio civil, regular el sistema de contrataciones del Estado, promover la denuncia ciudadana y resguardar al denunciante, las reformas del Sistema de Justicia, del Sistema electoral, además del Sistema nacional de control.
Asimismo, propuso establecer mecanismos de seguimiento y de promoción de una cultura de integridad.
La CPI no recibió un mandato ejecutivo sino de formulación de recomendaciones. En ese sentido, corresponde al Poder Ejecutivo implementar dichas recomendaciones en la formulación y/o ejecución de los Decretos Legislativos emitidos tras la delegación de facultades del Congreso, en diversas materias importantes, entre ellas, las relacionadas a la lucha contra la corrupción.
Las acciones propuestas al Ejecutivo están planteadas en diez ejes temáticos:
1) evitar el tráfico de influencias;
2) impedir el ingreso o el reingreso a la función pública de las personas condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos;
3) transparentar el sistema de contrataciones del Estado;
4) evitar la corrupción en las obras de infraestructura y fortalecer la autonomía de los organismos reguladores;
5) promover la denuncia y proteger al denunciante;
6) Impulsar la simplificación administrativa y el gobierno electrónico;
7) reformar el sistema nacional de control;
8) limitar la inmunidad parlamentaria;
9) fortalecer la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción;
10) crear el Sistema de integridad en el Poder Ejecutivo.
La Comisión recomendó, también, instaurar un Observatorio de monitoreo y evaluación de la implementación de estas propuestas. El siguiente cuadro resume las propuestas de la CPI:
A partir de las propuestas planteadas al Ejecutivo, se puede señalar como avance la emisión, entre octubre de 2016 y enero de 2017, de 29 Decretos Legislativos y otras iniciativas relacionados directa o indirectamente con las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad. Las acciones más relevantes son las siguientes:
1) la presentación de la Declaración Jurada de Intereses del Presidente de la República, sus Ministros y algunos congresistas de su bancada;
2) la norma sobre responsabilidad penal de las empresas corruptas;
3) muerte civil para los funcionarios corruptos;
4) simplificación de procedimientos engorrosos;
5) cambios en el sistema de contrataciones públicas;
6) ley de protección al denunciante;
7) creación de una autoridad en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos; y
8) creación del sistema especializado anticorrupción.
Están pendientes de implementar las recomendaciones en materia de reforma del sistema electoral para impedir que dineros ilícitos financien a las organizaciones políticas o las campañas electorales, tarea que corresponde llevar adelante al Congreso de la República.
Los Decretos Legislativos dados en el marco de la delegación de facultades son importantes y acogen varias de las recomendaciones de la CPI. No obstante, es necesario hacer cambios en la Autoridad en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública para dotarla de la máxima autonomía y para que tenga una real eficacia en la sanción de los incumplimientos a la Ley de Transparencia.
Asimismo, se necesita una ley que regule la declaración jurada de intereses, fortalecer de manera más decidida el servicio civil, modernizar y fortalecer el sistema nacional de control y dictar una nueva ley de lobbies. Es también necesario implementar la creación de verdaderos sistemas de integridad efectivos en todas las entidades públicas articuladas con la PCM. Asimismo, se requiere la emisión de una norma que regule la presentación de la declaración jurada de intereses por parte de los altos funcionarios del país.
Respecto del impedimento de ingreso o reingreso a la función pública de las personas condenadas por corrupción, esta debe ampliarse a los delitos de narcotráfico y lavado de activos.
En la sociedad civil hay distintos esfuerzos. Es importante resaltar la labor que llevan adelante la Asociación Civil Transparencia y Proética para establecer un observatorio de integridad conjuntamente con la participación de la Universidad del Pacífico y la Universidad Católica, que monitoree la implementación de las medidas anticorrupción y el cumplimiento de estas y otras propuestas anticorrupción.