La OCDE y los estudios de Integridad sobre el Perú

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fundada en 1961, tiene como misión promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.

La OCDE agrupa a treinta y cinco países. Tiene un carácter abierto y permite la participación de otros países en sus comités, grupos de trabajo y foros bajo tres categorías: invitados, participantes y asociados[1]. La OCDE puede establecer compromisos vinculantes para los Estados miembros en determinadas materias mediante la adopción de Convenios, por ejemplo, el Convenio Anticohecho, Códigos de Conducta o Directrices, Recomendaciones o Declaraciones no vinculantes que integran un acervo de buenas prácticas y estándares que son punto de referencia muy importante para los países miembros y para los que quieren acceder a la OCDE.

[1] Para mayor información véase: <http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/>

El Perú se ha propuesto ingresar al grupo de países miembros de la OCDE el 2021. Para ello, está implementando diversas medidas para mejorar en su institucionalidad, la calidad de los servicios básicos y su sistema de integridad con el fin de acercarse a los estándares internacionales fijados por dicho organismo.

La OCDE ha puesto en marcha los llamados Programas País, que individualiza las actividades de la OCDE con países especialmente relevantes. El Perú se encuentra en las actividades del Programa País.

Perú participa de manera activa en varios comités especializados de la OCDE. El Programa está compuesto por estudios de políticas públicas, programas de implementación y de desarrollo de capacidades, participación en Comités de la Organización y adhesión a determinados instrumentos legales de la OCDE. Toda esta interacción ha generado distintos estudios que el organismo internacional ha entregado a Perú, a modo de recomendaciones: El Estudio Multidimensional del Perú, Estudio sobre la Gobernanza Pública del Perú, Estudio de Desarrollo Territorial del Perú, y Competencias más allá de la escuela – Políticas de educación y formación ocupacional.

Así, en octubre de 2016, el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, y el Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, inauguraron el Foro Perú-OCDE, donde se señaló los importantes avances en su objetivo de ingresar a la OCDE, en materia de integridad y lucha contra la corrupción:

  • Perú ha firmado el Convenio para Combatir el Cohecho, que es un instrumento de la OCDE para eliminar el cohecho de servidores públicos cuando se compite por contratos de inversión y así nivelar las condiciones de competencia leal en transacciones internacionales[1].
  • La promulgación del Decreto Legislativo N.° 1327, que establece las medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.
  • La promulgación del Decreto Legislativo N.° 1352 amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para los casos de corrupción, lavado de activos y tráfico de drogas. Plantea como eximente de responsabilidad la adopción de un modelo de prevención de la corrupción.
  • El Decreto Legislativo N.° 1353 aborda la problemática de los gestores de intereses, aunque no elimina la diferencia entre gestores de intereses propios y de terceros, con lo que dichos gestores se eximen de responsabilidad y esta se establece solo en los funcionarios públicos.
  • Se ha puesto en marcha la reforma del Sistema de Justicia para erradicar la impunidad en los delitos de corrupción (Decreto Legislativo N.° 1307), que requiere de un apoyo continuo para su buen funcionamiento.

[1] Consultar el Convenio en el siguiente link: <https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf>

En relación con la adopción de estándares de integridad y transparencia en la administración pública quedan pendientes las siguientes recomendaciones realizadas por la OCDE:

  • Fortalecimiento de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción (CAN) y de su Unidad de Coordinación General (UCG).
  • Implementar sistemas de integridad pública a nivel nacional y regional: las Comisiones Regionales Anticorrupción (CRA) deben seguir promoviendo el desarrollo de planes regionales anticorrupción, garantizando que los mismos se construyan de manera participativa con todos los actores clave.
  • Fortalecer la ética pública y la gestión de conflictos de intereses, así como el marco normativo institucional de políticas destinadas a promover la integridad y la gestión de los conflictos de intereses.
  • Garantizar un sólido control interno y marco normativo de la gestión de riesgos: las funciones de control interno y gestión de riesgos podrían integrarse en reformas más amplias de la gestión pública mediante el fortalecimiento y la formalización de la cooperación entre instituciones del Sistema Nacional de Control.
  • Mejorar el marco de financiamiento de la política: es recomendable incorporar iniciativas para combatir el financiamiento ilícito y las aportaciones provenientes de fuentes cuestionables a un programa de reforma integral para fortalecer la transparencia de donantes y aportaciones, cumplimiento y supervisión de las campañas y los gastos de los partidos políticos, así como sancionar sus incumplimientos.
  • Fortalecer el poder de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) para exigir documentos, materiales o testigos adicionales relacionados con los informes financieros, así como brindar los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo investigaciones efectivas.
  • Establecer los fundamentos para un lobby íntegro y transparente: debe garantizarse un acceso fácil y transparente al registro y a los resúmenes de los informes de lobby a fin de reducir los problemas reales o percibidos de tráfico de influencias. Las responsabilidades del registro y políticas de lobby podrían trasladarse a una fortalecida Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública (ANTAI).
  • Simplificar y fortalecer el régimen disciplinario administrativo para funcionarios públicos.
  • Mejorar el sistema de justicia penal para hacer cumplir la integridad: se deberían adoptar procedimientos o memorandos de entendimiento escritos entre el Ministerio Público, la policía (DIRCOCOR), el Ministerio de Justicia, SERVIR y la Contraloría General de la República exigiendo y garantizando la cooperación sistemática y continua entre las agencias en relación a los casos de corrupción bajo jurisdicción penal.
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