El JNE y la ONPE están impulsando una reforma electoral que tiene entre sus principales aspectos regular mejor las fuentes de financiamiento de las campañas electorales y de las agrupaciones políticas e impedir el financiamiento con dinero ilícito.

Dicha propuesta también incluye una mayor democratización interna de las agrupaciones políticas con la participación obligatoria de la ONPE en sus elecciones internas.

En el 2013, la ONPE presentó una propuesta legislativa para la creación de una Nueva Ley de Partidos Políticos. Esta iniciativa tiene como características principales el establecimiento de la obligatoriedad del financiamiento público directo. También plantea que las subvenciones deben destinarse a la formación, capacitación, investigación y gastos de funcionamiento ordinario, así como establecer previsiones específicas para la distribución del financiamiento público directo en caso de que las alianzas se disuelvan, prohibiéndose el financiamiento de capitales provenientes del extranjero

El sistema electoral (JNE, ONPE y RENIEC), con el apoyo de otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil y sectores ciudadanos, consensuaron la necesidad de que el Congreso de la República discuta y apruebe una agenda mínima de reformas que fue presentada el pasado 26 de febrero del 2017, y en el cual se propone incluir los siguientes puntos:

La obligación de declarar en la hoja de vida las sentencias y procesos judiciales en curso, así como los ingresos, bienes y rentas de los candidatos; para que los electores conozcan a quién confían su voto. Asimismo, La instalación de una ventanilla única que ofrezca información sobre precandidatos y financistas de campañas electorales; es preciso transparentar quiénes financian las campañas y de dónde provienen esos recursos. En la misma línea, poner en marcha el financiamiento público directo. El financiamiento no puede ser visto como un gasto, sino como una inversión en democracia. Su fin es, en estricto, para promover la Capacitación y Formación de cuadros políticos; para fomentar la Investigación en aspectos como el desarrollo de las regiones; y, para garantizar los Gastos Operativos básicos para la presencia en regiones de los partidos políticos. Finalmente, establecer sanciones efectivas ante la falta de rendición de cuentas y omisiones, que en la actualidad no son sancionables.

El Poder Ejecutivo también presentó una propuesta de reforma electoral tomando como base las propuestas de la Asociación Civil Transparencia.

El 23 de agosto del 2016, se conformó el Grupo de Trabajo de Estudio de la Reforma Electoral por acuerdo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Dicho grupo lo preside la congresista Patricia Donayre y se propuso como objetivo “analizar, organizar e impulsar las iniciativas y propuestas que los principales órganos electorales, congresistas y la sociedad civil  tienen sobre la reforma electoral”.[1]

En los primeros días de mayo del 2017 el Grupo de Trabajo concluyó su tarea y entregó al Presidente de la Comisión de Constitución un texto de 423 artículos para la reforma electoral que comprende la revisión de la ley de partidos políticos, prioriza la elección interna y el reforzamiento de la democracia directa en las agrupaciones políticas, el financiamiento de las agrupaciones y la organización electoral. Sin duda constituye uno de los esfuerzos más serios de los últimos años para impulsar una reforma integral del sistema electoral y de partidos políticos. La Comisión de Constitución lo aprobó como informe y ahora se espera su debate que es importante que priorice el tema del financiamiento de la política de cara a las elecciones regionales y municipales del 2018[2].

[1] Véase: <http://www.congreso.gob.pe/GrupoTrabajo2016/Constitucion_ReformaElectoral/>

[2] Véase: <http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/ConstitucionReglamento/files/informe_final_del_grupo_de_trabajo.pdf.>