Que, ello, a su vez, sería contrario a lo dispuesto en el artículo 3º de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, según el cual “Para la aplicación de la Presente Convención, a menos que contenga una disposición en contrario no será necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado”. En este contexto, el Tribunal consideró que la pretensión postulada por la parte demandante en el sentido de cuestionar la modificatoria del artículo 384º del Código Penal resulta atendible, y, en tal sentido, debe quedar nula y sin efecto la referida disposición en cuanto menciona el término “patrimonialmente”, a fin de –sin alterar en lo sustancial el contenido de lo dispuesto por el legislador– orientar la interpretación de la disposición evitando vaciar de contenido los fines constitucionales que son de protección al sancionar actos contra los deberes funcionales en el ámbito de la contratación pública. Asimismo, precisó que en el presente caso el control constitucional constituye un caso atípico en el que la ley cuestionada tuvo vigencia muy breve, la misma que habiendo sido publicada el 10 de junio de 2011 fue reemplazada por una nueva ley del 21 de julio del mismo año, que elimina el vocablo “patrimonialmente” del supuesto básico y que lo incluye únicamente en el supuesto agravado. De manera tal que la decisión de este Colegiado contenida en la presente sentencia solo confirmó una decisión ya adoptada por el legislador. Por otro lado, habiéndose tipificado desde un principio el tráfico de influencias reales, como el de influencias simuladas, también fue materia de cuestionamiento que por efecto de la ley impugnada el tráfico de influencias simuladas no pueda ser perseguido penalmente. El Colegiado desestimó este extremo de la demanda atinente al cuestionamiento de la descriminalización del tráfico de influencias simuladas, precisando que ello no implicaba en modo alguno que necesariamente la persecución penal de los actos de tráfico de influencias cuando estas sean simuladas resulte inconstitucional. Refirió que, en el presente caso se ha analizado la constitucionalidad de la despenalización de los actos de tráfico de influencias irreales, no habiéndose encontrado disconformidad con la norma constitucional; pero que, de ello no se puede inferir de manera mecánica que el legislador esté prohibido de incorporarlo nuevamente al ordenamiento jurídico, lo cual supondría un nuevo juicio de constitucionalidad sobre su criminalización.

·         Uso que implique el deterioro, menoscabo y destrucción del vehículo.

·         Faltas al Código de ética de la Función Pública.

(i)             Proselitismo político (en beneficio propio o de tercero).

·         Uso del personal de confianza (trabajo conjunto, por encargo).

·         Actividad docente, estudios del funcionario, reuniones no oficiales.

·         Actos considerados inmorales que no impliquen una falta al Código de ética de la Función Pública.

El funcionario no está presente en el vehículo y conoce cuál será su uso.

·         Uso del vehículo como movilidad permanente de la familia y amistades.

·         Uso para fines delictivos.

·         Proselitismo político.

·         Uso ocasional de la familia nuclear.

·         Uso ocasional de la familia no nuclear y personal de confianza (trabajo conjunto o por encargo).