PCM y Ministerios

La Presidencia del Consejo de Ministros está encargada de promover, coordinar y articular las políticas nacionales con las entidades del Estado, la Sociedad Civil y el Sector Privado, de manera participativa, transparente y concertada, ejerciendo rectoría sobre procesos de Modernización y Descentralización, Gobernanza e Inclusión Social y Económica.

La lucha contra la corrupción ha sido uno de los temas articuladores de las políticas nacionales durante los dos últimos periodos gubernamentales en el marco de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, creada mediante Ley N° 29976, y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 089-2013-PCM, en agosto de 2013.

En el paquete legislativo de 2016 y enero 2017, el Poder Ejecutivo ha regulado distintos temas para establecer mejoras en los instrumentos para la lucha anticorrupción.

A continuación, se destacan algunos decretos legislativos en materia anticorrupción:

  • El Decreto Legislativo N° 1243, modifica el Código Penal y el Código de Ejecución penal, a fin de establecer y ampliar el plazo de la inhabilitación principal y establecer la inhabilitación perpetua para los delitos contra la administración pública, y crea el Registro Único de Condenados Inhabilitados.
  • El Decreto Legislativo N° 1295 establece la destitución de los condenados por delitos de corrupción.
  • Creación de la Autoridad de Transparencia, acceso a la información pública protección de datos y de otro lado, y norma la gestión de intereses (Decreto Legislativo N° 1353)
  • Se ha transparentado el sistema de contrataciones del Estado a través de diversas modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Legislativo Nº 1341)
  • Creación de la Procuraduría del Estado (Decreto Legislativo Nº 1326)
  • El Decreto Legislativo Nº 1352 amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para los casos de corrupción, lavado de activos y tráfico de drogas. Plantea como eximente de responsabilidad la adopción de un modelo de prevención de la corrupción.
  • El Decreto Legislativo Nº 1265 crea el Registro nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional y establece la obligación de los colegios de abogados de implementar su código de ética y tribunal de honor.
  • Contra el nepotismo se promulga el Decreto Legislativo Nº 1279, que establece el deber de registrar los vínculos de parentesco y otras vinculaciones derivadas de las inscripciones que lleva a cabo el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), orientado a contribuir en la lucha contra la corrupción.

El Decreto Legislativo Nº 1327 establece las medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.

Como se ha señalado al abordar el capítulo de la Comisión Presidencia del Integridad y los estudios de Integridad de la OCDE están pendientes algunos temas referidos al fortalecimiento de las competencias y  autonomía de la Autoridad Autónoma de Transparencia, la regulación adecuada de los gestores de intereses, la implementación efectiva de la protección a los denunciantes y el apoyo continuo al sistema de justicia, entre otros aspectos.

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