Comisión investigadora Alejandro Toledo

En Julio del 2013, el Congreso de la República, aprobó otorgarle facultades de Comisión Investigadora a la Comisión de Fiscalización para que investigue las compras de inmuebles en Lima efectuadas por la Sra. Eva Fernenbug, suegra del Ex Presidente Alejandro Toledo. El caso fue conocido como el caso Ecoteva y la decisión se tomó con 59 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones.

El 4 de setiembre del 2014, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad el informe final de la Comisión de Fiscalización, presidida por Enrique Wong, y recomienda denunciar al expresidente Toledo por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. La votación fue 87 votos a favor.

El documento señala que hay “indicios razonables” de que Toledo habría incurrido en los delitos mencionados, y que participó en la constitución de la empresa Ecoteva “en un centro financiero ‘off shore’ (Costa Rica) que administraría fondos cuya procedencia no se ha determinado con certeza”. El informe también señala que el ex jefe de Estado “habría desarrollado su actividad más allá del rol regular de una persona que se interesa por los negocios familiares o amigos”.

El expresidente del Perú, Alejandro Toledo Manrique, es la primera gran figura de la política peruana inculpada en el caso de los sobornos de Odebrecht. El caso cobró fuerza cuando la prensa peruana publicó información que señalaba que Jorge Barata, principal directivo de Odebrecht en el Perú, confirmó a las fiscalías de Brasil y Perú que Alejandro Toledo recibió millones de dólares en sobornos.

De acuerdo con la información que la fiscalía recogió y detectó, Odebrecht habría pagado sobornos de 20 millones de dólares al gobierno de Toledo para ganar la licitación y construir la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.

El 7 de febrero de 2017, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial 18 meses de prisión preventiva contra Toledo, por su presunta participación en el esquema de corrupción orquestado desde Odebrecht. El juzgado le acusa además de tráfico de influencias y lavado de activos. Se ha conectado el caso Lava Jato con el Caso Ecoteva (acusación por lavado de dinero). La tesis fiscal señala que el origen del dinero lavado mediante compras de inmuebles provendría de presuntos actos de corrupción del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Luego de dictada la orden de captura internacional contra Toledo, el Gobierno ofreció 100,000 nuevos soles como recompensa y dio aviso a la Interpol. Se confirmó la ubicación de Toledo en los Estados Unidos de América e incluso se advirtió de un intento de fuga a Israel, país del que su cónyuge es ciudadana. Sin embargo, el Departamento de Estado de los EUA no emitió resolución favorable que indicara que hay causa razonable para la detención de Toledo.

El Departamento de Justicia americano indicó al Gobierno Peruano que la solicitud de extradición aún no revisada por un juez federal, requería más información, la cual ha sido enviada. El Juzgado Penal 16 ordenó el día 17 de abril de 2017 una segunda prisión preventiva por 18 meses para el expresidente. Esta orden también incluye a su esposa Eliane Karp, Josef Maiman y Avraham Dan On, procesados por el delito de lavado de activos.

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