Comisión LAVA JATO

Su nombre oficial es Comisión Investigadora Encargada de Investigar el Pago de Presuntas Coimas a Funcionarios Peruanos por parte de Empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contrato con el Estado Peruano. Fue creada por acuerdo del pleno del Congreso de la República el 1 de octubre de 2015, a raíz del escándalo ocurrido en el Brasil sobre graves hechos de corrupción en el cual están implicadas las principales empresas constructoras brasileras, las cuales también operaron en el Perú. Se otorgó a la Comisión un plazo de 120 días útiles para su labor, el mismo que fue ampliado hasta el 31 de mayo del 2016.

El objetivo general fue determinar la realización de presuntos pagos indebidos a funcionarios peruanos por parte de empresas brasileñas para la obtención de contratos con el Estado peruano; procedimientos técnicos y/o administrativos indebidos o irregulares asociados con dichos pagos, y/o la afectación que pueda haber sufrido el Estado peruano, así como las responsabilidades subsecuentes. De estos se desprenden objetivos generales incluidos en el mandato del grupo de trabajo:

  • Determinar sí en el marco de los contratos y adendas firmadas por las empresas brasileras con el gobierno peruano, se han producido actos lesivos contra el Estado peruano.
  • Establecer los hechos que permiten presumir la recepción de coimas, sobornos o ingresos obtenidos de manera irregular por parte de autoridades o funcionarios del Estado que intervinieron de manera directa e indirecta en los casos investigados.
  • Identificar los procedimientos técnicos y/o administrativos indebidos o irregulares asociados con pagos excesivos y/o la afectación que pueda haber sufrido el Estado peruano, y las responsabilidades subsecuentes, cuantificando el perjuicio ocasionado.
  • Determinar el incumplimiento de las normas generales de contrataciones y las responsabilidades funcionales y políticas que pueden estar explícita o implícitamente conectadas con los actos lesivos y el tratamiento que se debe dar a las mismas de acuerdo a la Constitución y a las Leyes.
  • Identificar indicios de responsabilidades administrativas y/o penales que deben ser derivadas al Ministerio Público y al Poder Judicial para su procesamiento con arreglo a las competencias de estos órganos.
  • Identificar posibles fallas y debilidades en la gestión de contrataciones del Estado para que puedan superarse con el esclarecimiento de los hechos y formular conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables, conforme al Artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República.

El grupo de trabajo dirigido por Juan Pari obtuvo en sus conclusiones indicios de hechos irregulares en la adjudicación de contratos y concesiones, muchos de los cuales pasaron como legales a través de normativas especiales ad hoc. También concluyó que las empresas brasileñas obtuvieron grandes cantidades de dinero en desmedro del Estado peruano, que registró pérdidas. Estas cantidades dadas por el Estado capitalizaron a las empresas incumpliendo el objetivo del esquema de asociaciones público-privadas de captar liquidez desde el exterior. Además, las empresas beneficiadas habrían obtenido prerrogativas tributarias y cambiarias que hacían del Perú un paraíso fiscal. El informe principal de la comisión recomendó entregar una copia al Ministerio Público, así como la creación de marcos jurídicos para acelerar la investigación y prevenir nuevos escándalos de tal magnitud.

  • La comisión no logró consenso y se presentaron tres informes: dos en minoría (el informe Pari entre ellos) y uno en mayoría.
  • Caso políticamente sensible que coincidió con el cronograma electoral, lo que interfirió la investigación dificultando la asistencia de citados. Además, hubo ausencia de instrumentos legales e institucionales por parte del Congreso de la República que permitan obtener información de organismos jurisdiccionales extranjeros.
  • El informe no logró debatirse en el pleno al no aprobarse la cuestión de orden del día para discutir el informe lo cual se interpretó como una forma de bloqueo a estas investigaciones.
  • En noviembre de 2016, el Congreso aprobó crear una comisión multipartidaria que siga las investigaciones del caso Lava Jato, sobre el presunto pago de sobornos que hubieran recibido los funcionarios peruanos de empresarios brasileños. Este grupo de trabajo continuaría sobre la base de las pesquisas realizadas por la comisión dirigida por Juan Pari, que no pudo lograr los resultados esperados debido a la falta de tiempo.
  • El 22 de diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la Empresa Odebrecht reconoció que pagó sobornos por 29 millones de dólares americanos en el Perú entre los años 2005 y 2014. De esta manera, la corrupción del caso Lava Jato comprende a los tres últimos gobiernos de Perú Posible, el Partido Aprista y el Partido Nacionalista.
  • En abril de 2017, el congresista por Fuerza Popular, Víctor Albrecht, renunció a la presidencia de la comisión Lava Jato, luego de conocerse sus vínculos presuntos con Félix Moreno, Gobernador del Callao investigado y con prisión preventiva por nexos con Odebrecht en la investigación del caso Costa Verde del Callao. En su remplazo ingresó Rosa Bartra, de Fuerza Popular.
Plataforma Anticorrupción - 2017