Poder Judicial

3,356 personas fueron condenadas por corrupción entre 2015 y 2016. La Memoria Institucional del Poder Judicial correspondiente al periodo 2015-2016 señala que en 2015 se condenaron a 1836 personas por casos de corrupción, y el 2016 fueron 1520 casos. De este total de condenas, 1146 personas fueron condenadas por el delito de cohecho activo (que se realiza cuando una persona ofrece o brinda a un funcionario una coima para la acción u omisión de sus funciones), otros 1050 fueron condenados por delito de peculado (es decir, cuando el funcionario se apropia o utiliza dinero del Estado), y 275 personas fueron condenadas por delito de colusión (cuando el funcionario que interviene en la compra o contratación pública se pone de acuerdo con un tercero para defraudar al Estado).

En el cuadro siguiente se presentan datos desagregados, por año y tipo de delito, de las condenas impuestas, resaltando los delitos de colusión, peculado y cohecho activo por el número de condenas.

El Poder Judicial señala que en los últimos siete años aumentaron las sentencias condenatorias para casos de corrupción. Este número es menor en relación a las denuncias ciudadanas que recibe la Procuraduría anticorrupción o los casos investigados por la Contraloría.

Creación del sistema especializado en delitos de corrupción

A raíz del caso Odebrecht, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la Resolución Administrativa N° 024-2017-CE-PJ, del 11 de enero del 2017, crea la Coordinación Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios. Este sistema especializado está a cargo de la Jueza Superior Susana Castañeda Otsu y tiene como objetivos principales diseñar, implementar, monitorear, y evaluar el funcionamiento de los juzgados y salas anticorrupción de todo el país. Asimismo, se encargará de formular propuestas de creación, reubicación y conversión de órganos jurisdiccionales especializados en delitos de corrupción en todo el país, sin descuidar la capacitación y la formación especializada en forma continua y sistema a los jueces y en general al personal jurisdiccional.

En los próximos meses, este sistema especializado tendrá la responsabilidad de evaluar las medidas solicitadas por el Ministerio Público y juzgar los casos derivados de la investigación a Odebrecht y las empresas brasileñas.

Otras medidas adoptadas por el Poder Judicial

Entre las iniciativas anticorrupción destaca el Plan de Gestión de Duberlí Rodríguez Tineo para el periodo correspondiente al 2017-2018, que propone potenciar a la OCMA para el control disciplinario de los jueces, así como de las oficinas desconcentradas de control de la magistratura (ODECMA). Asimismo, busca fortalecer las políticas de prevención a cargo de la OCMA para la identificación temprana y erradicación de actos de corrupción en la institución. En materia procesal, se propone la oralización del procedimiento disciplinario y la modernización de la plataforma tecnológica. Además, crear la figura de jueces contralores especializados en procedimiento administrativo sancionador y la necesidad de contratar a personal interdisciplinario que permita ampliar el rango de las investigaciones sobre delitos de corrupción.

Finalmente, el Plan de Gestión 2017-2018 del Poder Judicial busca implementar un programa de incentivos para los jueces que se distinguen por su conducta procesal y el desarrollo de espacios y debates académicos para mejorar la función jurisdiccional en el manejo de los casos de corrupción.

El Poder Judicial tiene que trabajar fuertemente para desterrar la imagen de impunidad frente a los graves casos de corrupción y para implementar medidas concretas que permitan darle mayor celeridad a los procesos por corrupción de casos emblemáticos. Asimismo, se encuentra pendiente la implementación adecuada del Decreto Legislativo N° 1342, del 7 de enero  del 2017, que promueve la transparencia y el derecho de acceso al contenido de las decisiones judiciales y la publicación de las sentencias. Esto sin duda permitirá conocer de modo directo las decisiones judiciales y los fundamentos en que se sustentan. Asimismo, está pendiente publicar en su portal web el Sistema de Actualización de Datos del Escalafón Judicial aprobado mediante Resolución Administrativa N° 102-2016-CE-PJ, mediante el cual se accede al Registro de Sanciones en el Sistema de Gestión Administrativa – Recursos Administrativos. Lo anterior permitiría a cualquier ciudadano acceder a la base de datos que consiga los tipos de sanciones (incluidos los actos de corrupción).

El gran reto del Poder Judicial será procesar de modo efectivo la mega corrupción producida por la actuación de la Empresa Odebrecht y otras empresas brasileñas y a los altos funcionarios del Estado peruano de los tres últimos gobiernos, empresarios y otros personajes que actuaron en esta gran red de corrupción. Esta labor, a cargo del Sistema Especializado Anticorrupción, se tiene que hacer con eficacia, celeridad, decisión y respeto al debido proceso. Asimismo, será importante poner en marcha la ejecución del Plan de Gobierno Poder Judicial 2017-2018.

En Octubre del 2016, el fiscal Germán Juárez, de la Segunda Fiscalía para Casos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, abrió investigación contra el ex Presidente Ollanta Humala Tasso por presunto delito de lavado de activos y solicitó al Poder Judicial ampliar la investigación preparatoria. De esta manera, el ex Presidente Ollanta Humala fue incorporado en la investigación sobre aportes financieros de presunto origen ilegal, procdedentes de empresas brasileñas, al considerarse que mediante ellos se abría financiado su campaña política del 2011.

La ex Primera Dama Nadine Heredia también está comprendida en esta investigación desde el inicio, debido a que el informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encontró un desbalance de más de once millones de soles en la campaña electoral del 2011. La exprocuradora para casos de Lavado de Activos Julia Príncipe entregó, a mediados del 2015, cuatro agendas en las que Nadine Heredia llevaba un control de ingresos y egresos financieros.

El 13 de Julio del 2017, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso, en primera instancia, la prisión preventiva del ex Presidente Ollanta Humala y de Nadine Heredia por 18 meses, mientras se desarrolla la investigación. Esta decisión fue apelada al considerarse que no se fundamentaba adecuadamente el peligro procesal, condición necesaria para dictar la prisión preventiva.

El 04 de agosto del 2017, la Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró infundada la apelación y confirmó la prisión preventiva dictada por el juez Concepción Carhuancho. La Sala Penal fundamenta su decisión en que el ex presidente Humala y su esposa Heredia, “pertenecen a una organización criminal que rebasa las fronteras nacionales” y que la investigación es por “el delito de lavado de activos en su modalidad agravada”. La Resolución otorga validez a las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata y señala que el dinero de la caja 2 de la empresa es ilícito. Respecto al peligro procesal la Sala señala que el poder que le entregó Nadine Heredia a su prima Rosa Heredia cuando el juzgado definía su arraigo al país, luego de su viaje a Suiza, “permiten inferir en grado de probabilidad una posibilidad de fuga”. También consideró que la ex primera dama trató de “alterar las grafías” que se compararon con la de sus agendas.

De esta forma, el ex Presidente Humala permanecerá recluido en la prisión ubicada en la DIROES junto con el ex Presidente Alberto Fujimori.

RESOLUCIÓN Ollanta Humala y Nadine Heredia

Plataforma Anticorrupción - 2017