Procuraduría Nacional Anticorrupción

La Procuraduría Pública para casos de corrupción es el órgano del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, encargado de ejercer la defensa legal de los intereses de los organismos públicos que conforman el Estado peruano.

Se le ha dotado de mayor autonomía al Consejo de Defensa Jurídica del Estado separando sus funciones y autoridad de la labor del Ministro(a) de Justicia. Para esta tarea se ha nombrado a Julia Príncipe Trujillo y está pendiente un debate que incluye una reforma constitucional. Una de las primeras tareas que ha asumido la nueva gestión es reforzar las treinta y seis oficinas descentralizadas anticorrupción y la sede de Lima solicitando para ello más recursos. Se ha nombrado una procuradora especial para el caso Odebrecht. Se requiere incrementar el personal de las Procuradurías anticorrupción para que realicen una mejor defensa de los intereses del Estado en los procesos judiciales existentes y para mejorar la comunicación con la ciudadanía y recibir las denuncias por actos de corrupción.

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción cuenta con una base de datos sobre el número total las personas procesadas, los procesos de corrupción y las personas que han pagado las reparaciones civiles impuestas por el Poder Judicial. En esta misma línea, la Procuraduría Púbica ha creado dos nuevas unidades de apoyo técnico: la Unidad de Análisis de Información (Observatorio Anticorrupción) y la Unidad de Análisis Financiero y Cooperación Internacional. Finalmente, la Procuraduría ha puesto a disposición del público el Registro de deudores de reparaciones civiles por delitos de corrupción, el Registro de prófugos por delitos de corrupción y el Registro de Funcionarios procesados sentenciados en contra de la administración pública.

A diciembre del 2016, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción tiene un total de 32,925 casos a nivel nacional que revela la magnitud del problema de la corrupción y representa un reto para la administración de justicia por la gran carga procesal que significa. Este alto volumen implica establecer prioridades y diseñar una estrategia de actuación que permita abordarla de modo eficiente. Lima concentra la mayor cantidad de casos con 6,205, le sigue Ancash con 2,771 y Junín con 2,261.

SEDE CANTIDAD DE CASOS
CALLAO 415
HUANCAVELICA 454
MADRE DE DIOS 493
TACNA 494
APURÍMAC 553
TUMBES 491
PASCO 611
AMAZONAS 656
ICA 778
MOQUEGUA 849
SAN MARTÍN 1024  
CAJAMARCA 1056  
PIURA 1059  
HUÁNUCO 1059
LORETO 1076
PUNO 1264
LA LIBERTAD 1348
UCAYALI 1379
LAMBAYEQUE 1487
CUSCO 1496
AREQUIPA 1670
AYACUCHO 1876
JUNÍN 2261
ÁNCASH 2771
LIMA 6205
Total 32925

Los tipos penales más frecuentes son: Peculado con 11799 casos, colusión con 4493 casos, cohecho pasivo genérico con 2638 casos y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo con 2303 casos. Estos delitos destacan de manera considerable sobre otros delitos de corrupción tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

DELITOS CANTIDAD DE CASOS
PECULADO 11779
COLUSIÓN 4493
NEGOCIACIÓN INCOMÁTIBLE O APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL CARGO 2303
MALVERSACIÓN 1819
COHECHO ACTIVO GENÉRICO 2638
COHECHO PASIVO PROPIO 1825
CONCUSIÓN 1417
OTROS 6123
EXTENSIÓN DEL TIPO (PECULADO Y MALVERSACIÓN) 508
Total general 32925

La eficiencia de la labor de la Procuraduría pasa por una estrategia de acumulación de casos, de priorización de casos graves y de dotarla de mayores recursos para potenciar el equipo de abogados a nivel nacional. Se calcula que cada abogado de la Procuraduría asume un promedio de 300 casos. Se necesita que cada abogado pueda tener como máximo 100 casos ello debido a que las reglas del Nuevo Código Procesal Penal exigen la presencia de la defensa del Estado en todas las diligencias, si no se corre el riesgo que se declare el proceso en abandono.

La magnitud del caso Odebrecht exige la mayor cooperación interinstitucional y un trabajo conjunto de la fiscalía Ad Hoc para este caso con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la Contraloría, la Dirección de Migraciones, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y colegios profesionales. La procuraduría Ad Hoc viene llevando acciones para la recuperación el dinero en el caso Odebrecht. En el caso del cobro de la reparación civil por depósito judicial se requiere mejorar la coordinación con el Banco de la Nación para hacer efectivos estos cobros. En síntesis, es importante un trabajo articulado entre todas las instancias del Estado peruano.

Plataforma Anticorrupción - 2017
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