Los conflictos socioambientales son preocupantes porque generan inestabilidad, pérdidas económicas y continúa alteración de orden público.
Sin embargo, no figura en la agenda de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Al parecer dentro de sus prioridades no está proteger nuestra rica biodiversidad, ni combatir la contaminación ambiental.
Según la Defensoría del Pueblo, de los 193 conflictos sociales registrados en enero pasado, más del 50% fueron socioambientales y dentro de estos la mayor parte (33,2%) tuvo como causa principal las actividades extractivas. Aunque no es la única causa, el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación agudizan el conflicto.
La desforestación de los bosques amazónicos es consecuencia del narcotráfico que afecta la biodiversidad y a las comunidades adyacentes. De acuerdo con Devida, el año pasado se registro cerca de 990 mil hectáreas de coca ilegal. En tanto, que la minería ilegal no se detiene alentada por el alza del precio del oro, cuya onza está alrededor de 4500 dólares.
Pero, además, existen la creencia muy arraigada entre los pobladores de las comunidades de que las actividades extractivas no son compatibles con la agricultura u otras actividades económicas como la ganadería y el turismo.
Lo cual no es necesariamente cierto, porque si bien las actividades de las empresas mineras en algunos casos han perjudicado a las comunidades también han tenido un impacto positivo.
Es una situación compleja sobre todo cuando las instituciones del Estado que deberían trabajar unidas para encontrar la solución no lo hacen. Por un lado, el Ministerio del Ambiente aprobó en 2023 una guía de prevención y gestión de conflictos socioambientales y, por el otro, el Congreso sigue ampliando el Reinfo.
El Reinfo fue establecido con carácter temporal para que los mineros informales y artesanales pudieran formalizarse cumpliendo estándares ambientales, sin embargo, mediante leyes y decretos se han prorrogado más de una vez. La última se extiende hasta 31 de diciembre de 2026, pero no sería raro que la prolonguen un año más.
Establecer herramientas y estrategias para disminuir los conflictos socioambientales por sí solo no bastan si no van acompañadas de un diálogo eficaz, el cumplimiento de acuerdo adoptados y consulta previa.
Si no hay un diálogo transparente con los pobladores o no son consultados en la toma de decisiones sobre sus territorios surge la desconfianza hacia las autoridades y se genera la percepción de que los intereses económicos están por encima de los derechos ambientales.
La suma de desaciertos de los últimos gobiernos y los normas contradictorias dictadas por el congreso hacen difícil que los conflictos socioambientales se reduzcan. Pero las empresas privadas también tienen su cuota de responsabilidad.
Un buena gestión ambiental por parte de las empresas extractivas basada en el diálogo, dejando de lado la confrontación y el cumplimiento escrupuloso de las normas ambientales y sociales ayuda a la reducción de conflictos.
La solución no es sencilla, porque no todos los actores involucrados en el conflicto tienen el mismo objetivo y las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas ambientales tampoco hacen su trabajo cabalmente.
Y quienes pretenden gobernar el país en los próximos cinco años tampoco muestran interés en el tema, prueba de ello es que no estuvo presente en el debate presidencial de la primera vuelta… y no estará en el debate del balotaje.
