General

La labor del Sistema de Justicia y, en especial la del Poder Judicial y el Ministerio Público, resultan fundamentales para combatir y sancionar la corrupción en el país. El sistema de justicia debe actuar con celeridad y decisión para sancionar los graves casos de corrupción y de esta manera revertir la desconfianza ciudadana y la percepción de impunidad que existe frente a estos delitos. Si bien hay un creciente número de casos de corrupción que han sido sancionados en los últimos años, muchos otros siguen esperando largos procesos que muchas veces terminan archivados, en nuevos juicios o en inexplicables absoluciones sin mayor justificación.

En diciembre del 2016, las cifras de la corrupción en el sistema de justicia eran alarmantes. Las denuncias recibidas por la Procuraduría son innumerables (32,925 denuncias) frente a los casos que finalmente reciben una sanción por parte del Poder Judicial (3,356 condenas). Y el número de personas sancionadas que efectivamente terminan en prisión es todavía mucho menor (506).

Caso ODEBRECHT

El caso Odebrecht coloca al sistema de justicia ante el reto mayor de los próximos años: sancionar la gran corrupción, sistemática, compleja y global tal como la ha descrito el juez brasileño Sergio Moro. El sistema de justicia tiene que actuar de forma decidida, integral y articulada entre las distintas instituciones del Estado si quiere obtener resultados efectivos, respetando las garantías judiciales y aplicando con eficacia las sanciones penales que se requieren por el grave daño que se ha causado y admitido por parte de la empresa brasileña.

Cada institución tiene funciones específicas en este mega caso pero es necesaria una justicia especializada, la colaboración interinstitucional y la cooperación internacional para enfrentar la gran corrupción de Odebrecht y otras empresas brasileñas que involucran a altos funcionarios de los tres últimos gobiernos, empresarios y otros personajes aún por determinar. El Poder Judicial ha dictado las primeras medidas contra diversos procesados, entre ellas, una orden de captura internacional contra el exPresidente Alejandro Toledo pendiente de evaluación por las autoridades norteamericanas; las detenciones preventivas contra un ex Viceministro del Gobierno del exPresidente Alan García, contra dos gobernadores regionales (del Cusco y Callao) y otros funcionarios y abogados de reconocidos estudios.

El 25 de mayo del 2017, el abogado José Francisco Zaragoza, miembro de un importante estudio de abogados de Lima y detenido junto con el exGobernador Regional de Cusco, Jorge Acurio Tito, reconoció su responsabilidad en el delito de lavado de activos y se acogió a la colaboración eficaz. Su testimonio será muy importante para ver los lazos del exGobernador Acurio con el señor Gustavo Salazar, un empresario dedicado al rubro de seguros y que fue quien lo contactó con el gobernador para abrir una empresa off shore.

Otro elemento que aporta sustantivamente a las investigaciones de este caso es la información que el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer el 22 de diciembre del 2016, sobre el acuerdo con la empresa Odebrecht y el reconocimiento de actos de corrupción. En el caso peruano, se señala que entregó un total de $29 millones de dólares americanos en coimas en los tres últimos gobiernos. Asimismo, el 1 de junio del 2017 se darán a conocer progresivamente en Brasil las delaciones premiadas de más de 70 funcionarios de las empresas brasileñas lo cual contribuirá con las investigaciones fiscales.